Resumen:
El decreto de 10 de noviembre de 1810 reconocía por primera vez en España el derecho a la libertad de imprenta. Son muchos los estudios que se han realizado sobre la abolición de la censura previa en nuestro país, pero poco se conoce de los trámites que debían seguirse en las Cortes de Cádiz para enjuiciar los abusos de la imprenta. Esta investigación analiza la creación de las Juntas de Censura, comparando el articulado del proyecto de decreto con el texto finalmente aprobado por las Cortes. La instalación de la Junta Suprema de Censura, la elección de su presidente y las primeras calificaciones adoptadas por esta institución son objeto de atención en este artículo. Asimismo, se estudian las dificultades prácticas derivadas del enjuiciamiento de los abusos de la prensa y la necesidad de reformar el marco legal vigente. Al respecto, resulta de especial interés las intervenciones parlamentarias de Ramos de Arizpe y Guridi y Alcocer demandando una pronta reforma de la legislación de imprenta.